Efectos laborales de la derogación RDL 27/2020, de 4 de agosto

8 junio 2021 > Despachos

Efectos laborales de la derogación RDL 27/2020, de 4 de agosto

Ha sido derogado el Real Decreto Ley (RDL), cuya finalidad principal era el empleo del superávit de 2019 de los organismos a nivel local en el ejercicio de 2020 y que, además, incluía importantes medidas en el ámbito laboral.

  • El, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, no ha sido convalidado por el Congreso y, por ende, ha perdido su vigencia.
  • La Resolución de 10 de septiembre de 2020 en el Congreso, refleja el Acuerdo de derogación del RDL, siguiendo el art. 86.2 de la Constitución.

Repasaremos en gestron.es, con la ayuda de nuestros compañeros de Ayuda T Pymes, las disposiciones del RDL derogado relacionadas directamente con el área laboral y que, por ende, dejan de ser aplicables.

  1. Consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del COVID-19

El RDL determinaba excepcionalmente la situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación económica de incapacidad temporal, los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores relacionados con el COVID-19, a no ser que pudiera probarse que el contagio hubiera ocurrido, de forma específica, en el desarrollo de las actividades propias del puesto. Dada esa situación, se considerarían directamente como accidente laboral.

Además, con la misma naturaleza excepcional y a efectos desde la restricción de la salida o entrada a un municipio, a través del correspondiente parte de baja, se amplió esta protección a los trabajadores que tuvieron que desplazarse de localidad para desarrollar actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente hubiera acordado restringir la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tuvieran su domicilio, o donde la empresa tuviera su centro de trabajo en el caso de trabajadores con domicilio en otro municipio, y les hubiera sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pudieran realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tuvieran derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

La justificación del acuerdo de restricción en el municipio en el que el empleado tuviera su domicilio o el empleador su centro de trabajo y la negativa de la posibilidad de desplazamiento, se llevaría a cabo mediante un certificado solicitado al ayuntamiento correspondiente o, en su caso, por la empresa desde el centro de trabajo afectado por la restricción ante el servicio público de salud. Asimismo, la imposibilidad de desarrollo del trabajo de forma online se podía acreditar a través de una certificación del centro de trabajo o, en el caso de los autónomos, con una declaración responsable ante el órgano del servicio público de salud.

En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo anterior, se requeriría acreditar: el domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de empadronamiento; que el trabajador desarrollara su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa; y que la empresa no hubiera procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificación de la empresa.

El periodo de duración de la prestación excepcional, disponible para trabajadores asalariados y autónomos, dados de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, se aplica en función a lo indicado en su parte de baja y alta.

correspondiente o, en su caso, por la empresa desde el centro de trabajo afectado por la restricción ante el servicio público de salud. Asimismo, la imposibilidad de desarrollo del trabajo de forma online se podía acreditar a través de una certificación del centro de trabajo o, en el caso de los autónomos, con una declaración responsable ante el órgano del servicio público de salud.

En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo anterior, se requeriría acreditar: el domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de empadronamiento; que el trabajador desarrollara su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa; y que la empresa no hubiera procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificación de la empresa.

El periodo de duración de la prestación excepcional, disponible para trabajadores asalariados y autónomos, dados de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, se aplica en función a lo indicado en su parte de baja y alta.

  1. Consideración de las enfermedades padecidas por el personal sanitario
    por contagio del COVID-19

La disposición adicional octava del RDL prorrogó el artículo 9 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

De este modo, la consideración como contingencia profesional a causa de accidente de trabajo de las enfermedades padecidas por el personal que prestara servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicaría a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta el momento en el que las autoridades levantasen todas las medidas de prevención aplicadas para paliar los efectos del COVID-19, acreditando la infección a través de un parte de accidente de trabajo, tramitado dentro del mismo período de referencia.

Con la entrada en vigor del RDL 19/2020, las prestaciones dirigidas al personal afectado, tras haber contraído el virus en el desarrollo de su actividad en cualquiera de las fases de la pandemia, si así fuera acreditado por los servicios de PRL y Salud Laboral, se considerarían derivadas de accidente profesional, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Dicho artículo, tiene en consideración de accidente de trabajo la dolencia o enfermedad no profesional contraída por el trabajador durante la realización de sus labores, siempre que se pruebe que aquella tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

Antes del RDL (derogado por falta de convalidación), únicamente se aplicaba la consideración de enfermedad derivada de accidente profesional, a los contagios que ocurrieran hasta el mes después de la finalización del estado de alarma (21 de junio), acreditando la situación a través de parte de accidente de trabajo.

En caso de defunción, la causa será accidente de trabajo cuando el fallecimiento se hubiera producido en los cinco años posteriores al contagio de la enfermedad y esta estuviera derivada de la misma.

¿Cuál es la situación actual?

Los sindicatos son críticos con la derogación, reclamando ante el Ejecutivo la publicación urgente de una normativa que ofrezca cobertura suficiente a los trabajadores afectados por COVID-19, siendo un colectivo especialmente vulnerable con el inicio de la segunda oleada de la pandemia.

Además, se exige la consideración del contagio como enfermedad profesional, y no como accidente de trabajo.

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